El Ayuntamiento de Benidorm estudia recurrir la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Sentencia que da por válidos y eficaces los convenios urbanísticos de Serra Gelada.
Se trata de los mismos convenios que han derivado en la condena al consistorio a pagar más de 350 millones de euros a la familia Murcia Puchades por los suelos del sector APR-7 incluido en el parque natural y que sigue recurrida al Tribunal Constitucional.
En un proceso paralelo el alcalde se mantiene en la misma línea y deja la decisión en manos de los técnicos municipales y su criterio; lo contrario, dice, sería prevaricar: «Llamada a la prudencia por parte de todos porque estamos hablando de cosas pendientes de ser juzgadas y por lo tanto tampoco podemos desvelar la estrategia».
Pérez ha vuelto a reconocer este lunes lo delicado de la situación pero asegura que no se ha planteado todavía el escenario del pago de esa indemnización histórica: «No ha habido ninguna indicación técnica que nos indique que debemos iniciar ese camino», ha subrayado.
El alcalde ha presumido de transparencia y de haber dado cuenta inmediata a todos los grupos políticos de cada novedad, pero el principal partido de la oposición, el PSOE, habla de lo contrario, de opacidad, y acusa al primer edil de rechazar que el gabinete jurídico contratado por el Ayuntamiento comparezca en Comisión Informativa para explicar a la corporación la situación.
Cristina Escoda denuncia que el alcalde «está desorientado tras tumbar las últimas resoluciones su hoja de ruta» y en comisiones «se ha dedicado a insultar a la oposición». Los servicios jurídicos del PSOE, ha añadido su portavoz, estudiarán el acta de las sesiones de esta mañana por si cabe interponer acciones judiciales