Mientras la política nacional contempla la votación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, Benidorm se ha despertado este jueves con la noticia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que obliga al Ayuntamiento de la capital turística a indemnizar con 283 millones de euros más una cantidad de intereses que rondaría los 50 a algunos de los propietarios del suelo protegido en un sector denominado APR-7, ubicado dentro del parque natural de Serra Gelada.
Una sentencia histórica, como ha reconocido el propio alcalde Toni Pérez, que ha llegado a comparar esa cantidad total que alcanzaría aproximadamente los 330 millones de euros con lo que suponen «tres presupuestos municipales». Pérez ha lamentado «un revés jurídico» que se produce después de que en primera instancia la justicia, el Tribunal Contencioso Administrativo, diese la razón al consistorio benidormense y declarase nulos los convenios suscritos con la familia Puchades reduciendo esa indemnización a menos de 700.000 euros «que ya se abonaron» entonces.
Los servicios jurídicos y la secretaría general de la institución local se encuentran en estos momentos estudiando esta última sentencia para presentar en un plazo de dos días hábiles una solicitud de aclaración de sus términos. Después vendrá la decisión de recurrirla o no y ante qué instancia, si el propio TSJCV, autor de esta última decisión, o el Tribunal Supremo. Dos cuestiones que deberán responder, según ha concretado el primer edil, «a mediados de julio».
«Un mensaje de tranquilidad»
«Vamos a trabajar para seguir defendiendo el interés general de los benidormense y vamos a anhelar esperanzados también que todo lo que hasta ahora han sido en todos los tribunales de justicia darnos la razón, no es menos cierto que ahora no se nos da, vamos a recuperarla», ha manifestado Toni Pérez, que además ha insistido en los líneas, la del respeto por los procedimientos judiciales y sus tiempos, así como en la defensa «de un modelo, de un territorio» en referencia a la protección del parque natural.
Preguntado por la gestión que de este asunto realizaron anteriores alcaldes de la ciudad, el actual ha declinado hacer ninguna valoración: «Los legados son para gestionarlos, no tengo nada que atribuir a los que me precedieron», ha subrayado. Los propietarios de los terrenos que han vendido esta batalla en los tribunales acusan al Ayuntamiento de incumplir un convenio suscrito por ambas partes en 2003, cuando gobernaba el popular Vicente Pérez Devesa.
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