Después de que el Ayuntamiento de Benidorm ganase la anterior batalla judicial a la familia Murcia Puchades reduciendo la indemnización porque sus terrenos en Serra Gelada dejaran de ser urbanizables al declararse protegidos a menos de 700.000 euros, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado ahora la razón a los propietarios revocando esa sentencia y fijando la cantidad a pagar por el consistorio en 283 millones más otros cincuenta en concepto de intereses.
«Más allá de la cifra, que puede resultar trascendente porque lo es, hay que pensar que se logró un convenio urbanístico en 2003 que posibilitó que Serra Gelada estuviera libre de edificación», ha empezado defendiendo en La Ventana de la Marina Baixa José Domingo Monforte, abogado de Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, las empresas de esta familia: «Nosotros no estamos pidiendo más de lo que se prometió».
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«Técnicamente impecable, pero fundamentalmente justa». Así ha definido Domingo esta sentencia que el Ayuntamiento ya ha anunciado que recurrirá: «Están en su legitimo derecho, pero se han fijado unos intereses que son muy importantes», ha recordado. El letrado también ha insistido en la voluntad negociadora de los propietarios, aunque no ha querido entrar en los términos de un posible acuerdo: «Puedo asegurar por la familia Murcia Puchades, que se siente muy benidormense, en que no va a haber nada que impide que se hable y se busquen soluciones».
En busca de «una solución equilibrada»
El abogado se ha mostrado convencido de que con esa voluntad por ambas partes «se encontrará el camino de la solución , si es que se quiere buscar, si en lugar de eso lo que se pretende es recobrar la razón y seguir será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra». «La sentencia del Tribunal Superior de Justicia no fija una cantidad aleatoria, se basa en unos parámetros», ha explicado al tiempo que subrayaba las virtudes tanto de la conservación del espacio protegido en Serra Gelada como del acuerdo al que se llegó hace más de dos décadas: «Lo que pasa que había que compensar con otros aprovechamientos, cosa que no se hizo».
La familia Murcia Puchades, según su abogado, ha hecho todas las reclamaciones y agotado todos los plazos para resolver la cuestión evitando este «periplo», de ahí que el asunto no llegase a los tribunales hasta hace cinco años: «Que si se hubiese cumplido y se hubiesen entregado esos excedentes de aprovechamiento todo hubiese parecido bien, pero como ha pasado mucho tiempo esto llega probablemente en un momento inoportuno para el Ayuntamiento».
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