Benidorm
La antigua concesionaria del aparcamiento de l’Aigüera, FCC, ha llevado al juzgado Contencioso Administrativo de Alicante el acuerdo plenario del pasado mes de mayo por el que se declaró nula la segunda prórroga de este servicio público aprobada en solitario por el gobierno del PP en 2021.
Así lo ha explicado el portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, quien además ha avanzado que el Ayuntamiento se va a personar en el procedimiento y que ya ha confiado su defensa en dos letrados municipales.
Castillo ha recordado que fue la Agencia Valenciana Antifraude quien inició una investigación al respecto de esta prórroga alertando en un informe que se acreditaba la existencia de indicios de presunto fraude de ley en la actividad contractual llevada a cabo por el consistorio.
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Una cuestión en la que el Consell Jurídic Consultiu resolvió que se trataba de «una contratación irregular, nula de pleno derecho, al convertirse, en definitiva, en una prórroga de contrato indeterminada, con vulneración de los principios que rigen la contratación pública». Después, sin embargo, el Tribunal de Cuentas archivó las diligencias abiertas por el caso.
El portavoz adjunto de la oposición ha destacado que desde su grupo van a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este proceso judicial «puesto que del resultado final depende que el Ayuntamiento pueda liquidar el contrato con la anterior empresa encargada de gestionar el parking, FCC Medio Ambiente SAU, y recuperar 644.591,63 euros que son de todos los vecinos», en concepto de pérdida total de ingresos del Ayuntamiento por el periodo comprendido entre junio de 2021 hasta febrero de 2023.
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La portavoz del ejecutivo local, Lourdes Caselles, ha salido al paso de las declaraciones del PSOE asegurando que «en todo momento defendemos los intereses generales de Benidorm y contamos con la mejor defensa con los letrados del ayuntamiento o asesorías externas».
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