Benidorm
En un nuevo intento por escapar de una indemnización con repercusiones incalculables en la hacienda local el Ayuntamiento de Benidorm ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Cumple justo ahora un año esa condena a pagar más de 300 millones de euros a dos empresas de la familia Murcia Puchades en compensación por aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 del parque natural de Serra Gelada.
En el orden del día del pleno municipal de este viernes figura un punto para dar cuenta en el pleno de ese movimiento al que, como adelanta Radio Benidorm, ha presentado alegaciones la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, que pide que se desestime.
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En el escrito al que ha tenido acceso esta redacción el abogado coordinador de la Generalitat argumenta al TSJCV por qué no cabe anular la sentencia por una vulneración de derechos fundamentales como reclama el consistorio.
Explica el letrado que ni en el escrito de aclaración de sentencia ni en el de preparación de recurso de casación que tumbó el Tribunal Supremo se invocó, como ahora, la vulneración del derecho a la tutela efectiva: «El Ayuntamiento tuvo dos ocasiones para denunciar esta pretendida vulneración y, sin embargo, no lo hizo», subraya el informe.
El abogado de la Generalitat tampoco considera que la argumentación jurídica de la sentencia sea incongruente con el fallo «desde el momento que se parte de una premisa clara y básica, que no es otra que la validez y eficacia del convenio suscrito entre los demandantes y el Ayuntamiento de Benidorm»; unos convenios que datan del año 2003, bajo la alcaldía del popular Vicente Pérez Devesa, y que fueron renovados en dos ocasiones durante el mandato del socialista Agustín Navarro.
El escrito añade que otras cuestiones son irrelevantes y concluye solicitando que se «tenga por formuladas en tiempo y forma alegaciones de la representación procesal de la Generalitat Valenciana, dando al mismo el curso establecido por la Ley para que en su día se dicte Auto en el cual se desestime la nulidad de la sentencia»
Cabe recordar en este punto que cada día en el que este proceso se extiende en el tiempo se van sumando intereses a los 330 millones de una condena que supone más del doble de un presupuesto municipal.
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