El Ayuntamiento de Benidorm da su primer paso después de que la familia Murcia Puchades pidiera la ejecución de sentencia y ha solicitado adherirse al Fondo de Impulso Económico para atender parte de la indemnización reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) a los propietarios de suelo del APR-7 Serra Gelada.
El alcalde, Toni Pérez, ha informado este miércoles por la tarde a la Junta de Portavoces de esta medida propuesta por los técnicos municipales en un informe del área Económica y que se acaba de materializar, según ha informado el consistorio de la capital turística en un comunicado.
Tal y como se ha explicado durante la Junta de Portavoces, la solicitud se ha cursado a través de decreto de Alcaldía a última hora de la mañana, una vez completado el expediente y siendo hoy el último día de plazo para acogerse a este mecanismo de financiación.
El Ayuntamiento solicita 55 millones de euros con cargo a ese Fondo; dinero que ha de reintegrarse al Estado en un plazo máximo de 12 años y con un interés de en torno al 3,5%. La cuantía a solicitar la han establecido los propios técnicos del área Económica, explica ese mismo comunicado, en atención a las condiciones del propio fondo, tanto en lo relativo al plazo como a los intereses.
En caso de estimarse por parte del Ministerio de Hacienda la solicitud trasladada por el consistorio benidormense, el pleno deberá aprobar el calendario de amortización de esos 55 millones de euros.
En concreto, el Fondo de Impulso Económico está gestionado por el Ministerio de Hacienda y regulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de la comunidades autónomas y entidades locales.
«Tanto los técnicos jurídicos como económicos municipales siguen trabajando para establecer cuáles han de ser los próximos pasos del Ayuntamiento en relación a este asunto; información que, como hasta ahora, será comunicada con total transparencia e inmediatez a los grupos políticos de la Corporación y a la ciudadanía», culmina el comunicado: «En este sentido, recordar que, al margen de los aspectos económicos de la sentencia indemnizatoria, los técnicos municipales siguen trabajando en el estudio pormenorizado de la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativa a la nulidad de los convenios urbanísticos que han dado lugar a la indemnización millonaria a favor de los propietarios del suelo, así como de la viabilidad jurídica y conveniencia al interés público de la interposición del correspondiente Recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente a la misma».